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Negligencia institucional y leyes contra la evidencia: Continuamos el análisis

  • Foto del escritor: rapiegasradfem
    rapiegasradfem
  • 9 abr
  • 3 Min. de lectura

Tras haber analizado en la primera parte de este artículo el doloroso caso de la joven que ha denunciado al Servicio de Salud del Principado de Asturias tras su detransición, queda clara una premisa: el sistema está fallando a las niñas. Hemos visto cómo la falta de una evaluación integral y la imposición de las "terapias de afirmación" ignoran factores sociales, traumas y problemas de salud mental previos, empujando a mujeres jóvenes hacia una medicalización irreversible en tiempo récord.

Concluimos hoy este análisis poniendo el foco en la responsabilidad política. Mientras la evidencia científica internacional empieza a arrojar luz sobre las sombras de la ideología de género, nuestras instituciones parecen decididas a blindar la ceguera médica. En esta segunda y última parte, examinamos cómo el Gobierno de Asturias pretende ratificar el uso de bloqueadores de la pubertad ignorando las señales de alarma globales y qué nos dice realmente el Informe Cass sobre la mala calidad de la evidencia que está destruyendo cuerpos sanos.

1. La respuesta institucional frente a la evidencia internacional

Mientras que los países de nuestro entorno deciden paralizar los tratamientos hormonales a la infancia por las graves consecuencias para la salud física y mental de menores y jóvenes, y tras considerar que antes de los dieciséis años no poseen la madurez necesaria para tomar una decisión tan trascendente e irreversible, en España —y ahora en Asturias— el Gobierno presenta un anteproyecto de ley que pretende ratificar el uso de bloqueadores de la pubertad.

Este texto recoge explícitamente en su artículo 53, sobre las personas trans menores de edad, el derecho:

«A recibir tratamiento para el bloqueo hormonal al inicio de la pubertad, situación que se determinará utilizando aquellas medidas que objetivamente sean aplicables, bajo prescripción médica y según marque la evidencia científica, para evitar el desarrollo de caracteres sexuales secundarios no deseados».

2. Las omisiones del Anteproyecto de Ley (APL)

La presente APL omite evaluar las consecuencias de la hormonación en menores, entre muchas otras consecuencias nocivas que traería a los derechos de la infancia:

  • Falta de rigor científico: No incorpora ni hace alusión a estadísticas ni estudios al respecto como el Informe Cass, los informes de Feministes de Catalunya o los recursos proporcionados por la Agrupación AMANDA.

  • Opacidad internacional: Se ocultan las consecuencias negativas detectadas en otros países y las correcciones que se están llevando a cabo en sus legislaciones debido a los daños físicos, psicológicos y sociales que han experimentado las y los menores, como es el caso del Reino Unido, Suecia y Finlandia.

  • Invisibilización de la detransición: Las menciones a la «detransición» quedan reducidas al establecimiento de plazos, sin rozar siquiera la problemática que puede llevar aparejada.

3. Hallazgos clave del Informe Cass (Abril 2024)

El informe ejecutivo de la versión final del Informe Cass, hecho público en abril de 2024 tras cuatro años de investigación y más de 400 páginas con todos los detalles, ha encontrado hallazgos clave en su investigación:

  • Evidencia de mala calidad: Si bien se ha publicado una cantidad considerable de investigaciones en este campo, las revisiones sistemáticas de evidencia demostraron la mala calidad de los estudios publicados. Esto significa que no existe una base de evidencia confiable sobre la cual tomar decisiones clínicas o para que las niñas, los niños y sus familias elijan opciones informadas.

  • Tergiversación de los datos: Las fortalezas y debilidades de la evidencia sobre el cuidado de niñas, niños y jóvenes a menudo se tergiversan y exageran, tanto en las publicaciones científicas como en el debate social.

  • Impacto en la salud mental: La justificación de la supresión temprana de la pubertad sigue sin estar clara y la evidencia sobre su impacto en la disforia de género y en la salud mental o psicosocial es débil. Se desconoce el efecto sobre el desarrollo cognitivo y psicosexual.

  • Incógnitas en el tratamiento hormonal: El uso de hormonas masculinizantes/feminizantes en menores de 18 años también presenta muchas incógnitas, a pesar de su uso prolongado en la población adulta transgénero. La falta de datos de seguimiento a largo plazo sobre aquellos que comenzaron el tratamiento a una edad más temprana significa que no tenemos información adecuada sobre la variedad de resultados para este grupo.

4. Conclusión: La urgencia de recuperar la realidad

La ceguera de las instituciones no es ignorancia, es una decisión política que pone en riesgo la salud de niñas y jóvenes. Mientras el Informe Cass y la evidencia internacional desmontan el modelo de "afirmación", el Gobierno de Asturias pretende blindar por ley una experimentación médica que ignora la raíz social del malestar de las mujeres.

No permitiremos que se oculte la falta de base científica de los bloqueadores ni que se invisibilice a quienes detransicionan. El sistema sanitario debe proteger la salud, no medicar estereotipos sexistas. El cuerpo de las mujeres no es un laboratorio.


Exigimos responsabilidad política y una atención que comprenda la realidad biológica y material, en lugar de mutilarla. Por nuestras niñas y por nuestra integridad.


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